A pocos meses de la elección de 881 cargos del Poder Judicial, las reglas no son claras para la sociedad y los aspirantes competirán con recursos limitados y solo en redes sociales.
por Daniel Flores| Reporte Índigo |Reporte Indigo |03 de Marzo de 202503:00 hs. Con solo dos meses de campaña electoral, miles de candidatos a un puesto en el Poder Judicial de la Federación (PJF) buscarán acercarse a millones de votantes en todo el país con recursos limitados y sin una estructura partidista como históricamente sucede.
Los aspirantes a jueces y magistrados pelearán tanto en las calles como en las redes sociales para ganar visibilidad en la primera elección judicial que se llevará a cabo por primera vez en la historia de México.
De inicio, varios candidatos perfilados para ser impartidores de justicia han apostado todo por las redes sociales, pues saben que estas plataformas digitales pueden ser una catapulta de las propuestas que darán a conocer en las siguientes semanas.
Margarita Darlene Rojas Olvera, seleccionada por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal como candidata idónea para ministra de la SCJN, aseguró en entrevista con Reporte Índigo que será todo un reto dar a conocer sus propuestas en tan solo 60 días.
“Haremos volanteo y uso de las redes sociales, así como aprovecharemos cada espacio de difusión en los medios comunicación. El INE ha puesto ciertas reglas para evitar inequidades en el proceso, lo que nos obliga a financiar con recursos propios esta campaña”, precisó.
Para la consultora en materia laboral, el uso de las redes sociales será clave para la mayoría de los candidatos que competirán por una plaza en el PJF, pues debido al poco tiempo y los recursos limitados, estas plataformas digitales serán su principal medio para presentar sus propuestas.
En su ruta de trabajo también tiene pensado entablar mesas de diálogo con trabajadores y organizaciones sindicales de todo el país con el objetivo de dar a conocer la agenda que trabajará para mejorar la impartición de justicia en caso de tener la preferencia del electorado.
“Comparado con otros procesos electorales, el tiempo será muy corto esta vez dadas las circunstancias, por eso pienso que el uso de redes sociales será primordial. Las plataformas digitales serán nuestras grandes aliadas y ayudarán a evitar la contaminación visual con espectaculares o pendones, como suele suceder”, sostuvo.
Respecto a las restricciones impuestas por las autoridades electorales, Darlene Rojas aclaró que estas buscan garantizar que los juzgadores que resulten electos no tengan compromisos con otros sectores y lleguen a trabajar de la mejor manera.
“Se avecina un cambio inédito, un giro de 180 grados. Esto surge de una exigencia ciudadana, y el llamado es a que la gente se informe completamente sobre quiénes van a participar y trate de indagar quiénes serán los candidatos, para que tomen una decisión bien fundamentada”, concluyó.
Del 30 de marzo al 28 de mayo de este 2025, los candidatos elegidos para competir por un puesto judicial tendrán la tarea de convencer a millones de mexicanos. Para esta extraordinaria elección, el Consejo General del INE impuso varias reglas e infracciones con la idea central de dar las mismas oportunidades a todos los que participen.
De inicio, los aspirantes no podrán contratar espacios en radio y televisión, difundir propaganda electoral impresa en material distinto al papel. Tampoco podrán realizar spots publicitarios en radio o televisión y mucho menos utilizar recursos públicos, en efectivo o en especie para su campaña.
Esto los limita respecto a otros procesos electorales donde los candidatos a un cargo público tienen acceso a presupuestos de partidos políticos o incluso reciben financiamiento de la iniciativa privada.
Lo que sí tienen permitido los aspirantes a magistrados, jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es financiar sus campañas con recursos propios, siempre y cuando no excedan los topes de gasto establecidos por el Instituto Nacional Electoral.
Además, pueden utilizar propaganda electoral en formato impreso, siempre que esté elaborada con materiales reciclables, biodegradables y libres de sustancias tóxicas o nocivas para la salud y el medio ambiente.
Los aspirantes también podrán participar en debates organizados por el INE o en aquellos proporcionados gratuitamente por entidades del sector público, privado o social, garantizando siempre condiciones de equidad.
INE, enmendando los errores
La falta de precisión en los criterios de selección y en los mecanismos de votación ha generado descontento entre los candidatos que competirán por un cargo en el Poder Judicial de la Federación.
Mientras que, para los especialistas en materia electoral, las irregularidades en el proceso de candidaturas han generado incertidumbre y cuestionamientos por parte de la ciudadanía sobre su transparencia y legitimidad.
Y es que hasta el momento, no se ha detallado cuántos cargos exactamente estarán en juego a nivel local ni los lineamientos específicos que definirán la competencia en los próximos meses, por lo que la incertidumbre crece entre las personas que se apuntaron en las listas o que han sido sorteadas por la tómbola.
El Instituto Nacional Electoral, por su parte, sigue enmendando los errores que se han presentado durante el camino. De inicio aún no tiene completas las listas de candidaturas a cargos federales que se votarán el próximo 1 de junio.
Hasta el momento, solo dos de las seis boletas electorales están listas y ya fueron enviadas para su impresión a los Talleres Gráficos de México. Estas corresponden a los 64 candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las 15 candidaturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Marcos Perafán Gómez, coordinador académico del Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial aseguró a este diario que debido a la particularidad de esta elección se deberá realizar un tratamiento especial, como por ejemplo, el acceso a espacios de promoción como en medios de comunicación.
“Los candidatos no van a poder mandar los videos, el INE ocupará esos espacios para dar a conocer información respecto a este proceso judicial. No habrá esa creatividad en medios públicos como lo hacen regularmente los partidos políticos”.
Lo que sí se podrá hacer es en redes sociales, podrán hacer un crecimiento orgánico aunque sin pautar o pagar post o publicaciones. No van a poder pagar dinero, lo que van a tener que hacer es ser sumamente creativos.
Personas en prisión, sin derecho al voto
Pese a ser uno de los sectores más afectados por las fallas del sistema judicial, las personas en Prisión Preventiva no podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones judiciales.
Así lo determinó el Instituto Nacional Electoral (INE) que resolvió que las personas que se encuentran en la cárcel sin todavía una sentencia no podrán ejercer su derecho al voto en la elección judicial de junio próximo.
El organismo electoral dio a conocer que esta decisión se tomó debido a la falta de recursos financieros, operativos y técnicos para llevar a cabo el proceso, situación derivada del recorte presupuestal aplicado por la Cámara de Diputados.
Esto a pesar de la ampliación presupuestal autorizada en enero por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el INE consideró inviable implementar el mecanismo de votación para este sector de la población.
La decisión generó un debate entre organizaciones civiles y otros sectores, pues quienes enfrentan procesos sin sentencia—y que muchas veces son víctimas de un sistema judicial ineficiente y corrupto—no tendrán la posibilidad de influir en la elección de jueces y autoridades responsables de impartir justicia.
Con el tiempo encima, tampoco se sabe cuáles serán los mecanismos que se emplearán para conocer los resultados oficiales el día de la contienda electoral donde se disputarán plazas de jueces y magistrados.
Las autoridades electorales han descartado por completo los Conteos Rápidos y tampoco estará en funcionamiento el Programa de Resultados Electorales Preliminares que han usado en los últimos años.
De acuerdo con lo expuesto por los consejeros electorales, el INE tendrá un plazo de hasta 12 días para anunciar los resultados finales.
Tampoco está claro si se realizarán debates entre los aspirantes, a pesar de que la reforma constitucional los contempla. Asimismo, persisten dudas sobre la distribución de los tiempos oficiales del Estado entre los numerosos candidatos, una tarea que quedará en manos del INE.
